11.- FOGASA. Silencio Administrativo positivo. Efectos sobre las prestaciones.


 

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El pasado  6 de octubre de 2014, el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, D. Pedro Llorente, anunció que el Ministerio al que pertenece aprobará próximamente un suplemento de crédito para dar por cerrada la acumulación de expedientes pendientes de resolución por parte del Fondo de Garantía Salarial.

 

Ojalá el anuncio del Sr. subsecretario vea la luz lo antes posible, y el FOGASA pueda volver a los tiempos en que resolvía los expedientes que se le presentaban en un plazo de 4-5 meses en lugar de los 18 o 24 meses en que está resolviendo actualmente.

 

El tema es especialmente preocupante para los trabajadores que han tenido que acudir a solicitar prestaciones del FOGASA ante una insolvencia de la que fuera su empresa. En el caso de empresas desaparecidas, el título con el que el trabajador acude al FOGASA es un decreto de insolvencia dictado por el Secretario Judicial, tras una averiguación infructuosa de bienes de la empresa, en el marco de una ejecución instada después de que los pronunciamientos de una sentencia (o acuerdo judicialmente aprobado) hayan resultado incumplidos. Lo dicho rápidamente en las lineas precedentes, puede suponer un tiempo de espera de hasta dos años para que el trabajador obtenga el título con el que acudir a solicitar las prestaciones del FOGASA. Si después resulta que el Fondo tarda otro año y medio o dos años en resolver, no resulta exagerado calificar tal espera de preocupante. Por eso se acogen con esperanza las palabras del Sr. Llorente. Por lo que pudieran ayudar a mejorar la situación descrita, con el espectacular dato de 146.000 expedientes pendientes de resolución a principios de este pasado mes de julio.

 

Ahora bien, si acaso el suplemento de crédito anunciado no llegara, o llegando no produjera el efecto de reducir drásticamente el tiempo medio de resolución de los expedientes por parte del FOGASA, no está de más recordar la jurisprudencia existente sobre el efecto que produce la falta de resolución en plazo de este tipo de expedientes.  A tal recordatorio van encaminadas las siguientes lineas.

 

La norma que regula la organización y funcionamiento del FOGASA resulta ser el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, cuyo artículo 28.7 establece que el plazo máximo de que dispone el Fondo para dictar Resolución será de 3 meses desde la presentación en forma de la solicitud.

 

¿Y qué sucede si como actualmente el FOGASA se dilata más de esos tres meses en resolver? Pues la contestación, como formalmente expresa el FOGASA incluso en el pié de su propio formulario de solicitud, es que podrá entenderse estimada la solicitud por silencio administrativo al no haberse dictado resolución expresa. Esta estimación de la solicitud por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento (Art. 43.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y una posterior resolución expresa solo podrá dictarse de ser confirmatoria del acto presunto (Art. 43.3 de la misma norma).

 

Los efectos prácticos de esta estimación por silencio administrativo transcurridos tres meses desde la solicitud al FOGASA son básicamente dos:

 

1.- En primer lugar que, transcurridos tres meses y un día desde que el trabajador presente la solicitud, podrá directamente formular demanda ante los Juzgados de lo Social en reclamación de la cantidad que le es debida por el FOGASA por indemnización, salarios ó ambos, y que resultó aprobada por efecto del silencio administrativo. Esta es la acción más recomendable pasados los tres meses, puesto que si el FOGASA acabara resolviendo favorablemente (en teoría no podría hacerlo de otra manera en virtud del art. 43.3. de la Ley 30/1992) antes de la fecha que se señale para la vista del procedimiento, siempre se podría desistir del mismo.

 

2.- En segundo lugar, que el FOGASA no podrá dictar una resolución desestimatoria de la solicitud del trabajador más allá de los tres meses desde la solicitud. Si lo hiciera, el trabajador siempre podría oponer la estimación ganada por silencio administrativo. Y la oposición podría ser en el mismo procedimiento que hubiera iniciado previamente conforme antes se ha dicho, con el consiguiente ahorro de tiempo para la discusión del asunto.

 

Confirmando los dos efectos prácticos señalados, se han pronunciado varios Tribunales Superiores de Justicia, dando la razón al trabajador en cuanto a su derecho al cobro de las prestaciones del FOGASA pasados tres meses desde su solicitud, incluso cuando la empresa a la que en su día perteneciera pudiera no haber hecho las cosas todo lo bien que debía. Ejemplos de dicha doctrina de TSJ los podemos encontrar en la STSJ de Madrid de 11-11-2013 ; la STSJ de Madrid de 02.12.2013 ; la STSJ de Madrid de 24.02.2014 y la mas reciente STSJ Asturias de 16.05.2014.

 

Esperemos que la  anunciada inyección de presupuesto al FOGASA por parte del Sr. Subsecretario de Empleo y Seguridad Social haga innecesaria la interposición de más demandas ante los notabilísimos retrasos del Organísmo Autónomo del que hablamos. Bastante tienen ya hoy por hoy los Juzgados de lo Social.

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